El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado por casi unanimidad este miércoles el decreto de la Junta que recoge, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de una Renta Mínima de Inserción Social de carácter extraordinario destinada a familias con menores a cargo o unipersonales, que se percibirá durante cinco meses, contará con un presupuesto de 10,5 millones de euros y podrá beneficiar a unas 4.200 familias, según los cálculos del Gobierno andaluz.
En concreto, el Pleno ha aprobado, con los votos de los cinco grupos (PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), Adelante Andalucía y Vox), y el rechazo de la diputada no adscrita Luz Belinda Rodríguez, el Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus.
El Pleno ha arrancado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la pandemia del coronavirus, y con los diputados usando mascarillas, que ya son obligatorias para los parlamentarios dentro de la Cámara salvo cuando estén en el uso de la palabra.
El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha intervenido en defensa de dicho decreto, que, además de esta Renta Mínima extraordinaria, gestionada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, incluye otras medidas de la citada Consejería de Turismo, así como de las de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo; y de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
En virtud de este decreto, se realiza una modificación urgente del Decreto ley de Modificación del Decreto ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, al concurrir circunstancias de «extraordinaria y perentoria necesidad que requieren una respuesta inmediata».
Según ha defendido Marín, este decreto ley va a permitir a la Junta de Andalucía responder con mayor agilidad ante el agravamiento de las situaciones de vulnerabilidad de las personas o unidades familiares solicitantes de la Renta Mínima de Inserción.
