La Junta destina el dinero entre las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos

La Junta de Andalucía destina más de 3,5 millones de euros (3.569.998) entre las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes  para la financiación de las Ayudas Económicas Familiares correspondientes al ejercicio 2021, según establece la Orden de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que ha publicado el Boletín oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

El objetivo del programa es permitir que los niños y niñas permanezcan en su entorno cuando se trata de familias en riesgo de exclusión.

El crédito para gestionar estas ayudas será transferido a 92 entidades locales en toda  Andalucía y para este año se prevé atender a 18.000 familias y 33.000 menores.

Por provincias, Almería recibirá (295.375 euros), Cádiz (560.140 euros), Córdoba (326.679  euros), Granada (379.111 euros), Huelva (218.780 euros), Jaén (251.998 euros), Málaga (692.784 euros) y Sevilla (845.131 euros).

La Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha indicado que a la financiación autonómica hay que sumar la estatal, con una aportación aproximada para el presente ejercicio de 10,3 millones de euros. Así, se refuerzan estas ayudas económicas que “actúan como medidas preventivas para que los niños y las niñas puedan continuar con sus familias en los casos de pobreza severa o exclusión”

La Junta dirige las ayudas a la prevención, reducción o supresión de las situaciones de riesgo social

Las ayudas económicas familiares se constituyen como prestaciones complementarias de los Servicios Sociales Comunitarios, de carácter temporal, dinerarias o en especie, que se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los y las menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello.

Están dirigidas a la prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de dificultad o riesgo social para los y las menores con el fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando así situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias.

Rocío Ruiz ha recordado que estas ayudas son gestionadas por los Servicios Sociales  comunitarios, “que constituyen el primer nivel de actuación y atención a la ciudadanía para el logro de unas mejores condiciones de vida de la población”. Por su configuración y naturaleza, estos servicios cuentan con la red técnica y profesional con mayor implantación y con cobertura de todo el territorio de la Comunidad Autónoma, ha subrayado.

Según los datos de evaluación de este programa, que se viene ofreciendo  ininterrumpidamente desde 1998, reflejan que con cargo a los créditos de 2019 se  beneficiaron de ayudas económicas familiares 32.388 menores y 17.362 familias.

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