El Ayuntamiento de Mairena del Alcor ha aprobado una moción popular valiéndose de la mayoría absoluta del PP en la localidad en la que se muestra contra la nueva ley educativa aprobada en diciembre por el ejecutivo de Pedro Sánchez, la denominada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMLOE), que modifica parcialmente la Ley Orgánica de Educación de 2006 de Rodríguez Zapatero. Aquí tienes el enlace a la ley íntegra en el BOE. Este marco legislativo, también denominado Ley Celáa, ha sido criticado a nivel nacional por PP, Vox y Ciudadanos.
También ha sido objeto de crítica esta ley este martes, en el Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, por parte del Grupo popular. La delegada de Educación, Gloria Guillén, expuso que esta ley «se ha aprobado de espaldas de la comunidad educativa y de la sociedad española en general».
Señaló además que esta ley representa «un modelo caduco» y que es anticonstitucional «por atentar contra las libertades educativas que impide a las familias elegir centro educativo» y porque «elimina la condición del castellano como lengua vehicular en la enseñanza».
Por ello, considera a la LOMLOE «una ataque frontal contra la democracia» e insta al Gobierno de España a que rectifique la ley antes de que se concrete curricularmente.
Por su parte, PSOE e IU se mostraron tajantemente en contra de la argumentación de Gloria Guillén. Sus portavoces, Rocío Sutil y José Manuel Morales, coincidieron al señalar que la ley nace del consenso de seis partidos políticos distintos. «Lo contrario que la anterior ley impulsada por el ministro Wert, que solo la aprobó el PP», señalaron.
Consideraron además que la LOMLOE pretende garantizar el derecho de todos a una educación pública, de calidad y gratuita, incluso para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales que ahora se ven privados de ella. Explicaron que los centros de educación especial no dejarán de existir ni tampoco los concertados, y explicaron que la enseñanza del español está garantizada en todas las comunidades, punto que recoge la normativa estatal en materia educativa.
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