La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha incoado una actuación de oficio por los «varios meses» que llevaría inoperativo el ascensor de la sede judicial del número 12 de la plaza del Duque de Alcalá.
Dicha queja ha sido puesta por el Defensor del Pueblo Andaluz después de que un hombre en silla de ruedas que necesitaba acceder a la segunda planta requiriese ayuda de los funcionarios para subir por las escaleras. La sede judicial acoge los juzgados de Primera Instancia e Instrucción números uno y dos de dicho partido judicial, así como el Servicio Común del mismo. Este edificio, según el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, arrastra «una situación de deterioro de tal forma que sitúa en riesgo la integridad física de los trabajadores que allí desempeñan sus funciones y la de los profesionales y público que diariamente acuden» afirma el sindicato.
Según tales informaciones, en cualquier caso afirman desde la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, el ascensor de dicha sede judicial acumula «varios meses sin poder ser utilizado, al parecer debido a un hundimiento del suelo que provoco desperfectos en la estructura del mismo».
Este hecho supone, señala el Defensor del Pueblo Andaluz, una notable incidencia en materia de movilidad porque en la segunda planta de la sede se sitúan uno de los juzgados y las salas de vistas de ambos órganos judiciales, «lo que genera en muchos casos la dificultad y en otro la imposibilidad de que muchos ciudadanos que acuden a la sede puedan acceder a dicha planta superior».
«Como dato reseñable, los propios funcionarios tuvieron que ayudar a subir por las escaleras a un discapacitado en silla de ruedas» que necesitaba acceder a la sala de vistas, avisa la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.
Desde el Defensor del Pueblo Andaluz agregan la «persistencia en el tiempo» de esta incidencia y recuerda que la ley obliga a garantizar los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias por lo que ha reclamado a la Consejería de Justicia que «informe sobre la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones», avisando de que «la subsanación de dicha deficiencia es de obligado cumplimiento para la administración».
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