La magistrada que investigaba el 8-M ha declarado archivada la denuncia
La juez que llevaba la denuncia del 8-M contra el Gobierno ha declarado archivada la denuncia provisional del caso al considerar que, después de practicar una batería de diligencias de investigación, no hay indicios de la comisión de un delito de prevaricación administrativa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo.
En un auto de 51 páginas, la juez Carmen Rodríguez-Medel estima que, tras examinar la documentación aportada por diferentes organismo públicos a la causa y haber escuchado las declaraciones de Franco y una quincena de testigos, hay que concluir que entre el 5 y el 14 de marzo el imputado «no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones».
Fiscalía y Abogacía del Estado habían pedido el archivo de la causa
La titular del Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid señala también que el investigado «no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario ni consta oficialmente que hiciera algo para informarse a través de las autoridades sanitarias competentes».
En el auto se califica de «sorprendente» que desde el Ministerio de Sanidad no se alertara a Franco de los riesgos que conllevaba la celebración de actos multitudinarias a comienzos del mes de marzo toda vez que esta cuestión «había sido objeto de atención mediática desde al menos el 3 de marzo y abordada específicamente por el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón».
Archivada la denuncia del 8-M por falta de pruebas
La juez concluye que «ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del Covid-19».
Cabe recordar que la manifestación feminista en Madrid tuvo lugar el 8 de marzo, y no fue hasta el día 11 cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial. Fue en ese momento cuando el Gobierno de Pedro Sánchez empezó a adoptar medidas recomendando evitar salir de casa.
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